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19 de Enero, 2008

Nacionalización gasífera en cuatro capítulos.

Por LuciaRojas - 19 de Enero, 2008, 15:29, Categoría: Hidrocarburos.


Bolivia's Gas Nationalization:
Opportunity and Challenges.

TinaHodges.
Aparecido en: ain-bolivia.org
Traducción robótica de Google: X

En cuatro partes se intenta un acercamiento a la política energética nacionalizadora de el gobierno de EvoMorales, los artículos son parte
de un proyecto en curso de la Red Andina de Información y Erika Weinthal de la Escuela Nicolás de Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Duke, que examina los esfuerzos de Bolivia para hacer frente a la "maldición de los recursos".
Antecedentes sobre la política boliviana en petróleo y gas, conflictos actuales y desafíos.  (Traducción)
El conflicto político sobre el la distribución de impuestos de el gas y el petróleo
.  (Traducción)
El incremento de los ingresos por gas y petróleo de la nacionalización beneficia diversos proyectos
.  (Traducción)
Rendición de cuentas y sostenibilidad
.  (Traducción)
La primera parte es una sintética revisión de los antecedentes de la problemática en hidrocarburos, nacionalización (se aclara que no es un 'nacionalización' típica según los 'estándares internacionales' pues no conlleva expropiación), y distribución de los recursos en pugna con los intereses prefecturales.  El detalle es completo aunque resulta raro leer esta relación tan enfocada en los hidrocarburos arrancándola de el resto de la problemática nacional que la atraviesa y determina (hasta parece fácil de resolver).  En todo caso la problemática social también se toma en cuenta (aunque no directamente involucrada), como puede leerse:
La población boliviana, altamente movilizada, fuertes sindicatos, y organizaciones de la sociedad civil pueden ser una ventaja para garantizar que los fondos se gasten en beneficio de la población.  Por otra parte, la actual administración tiene fuertes lazos con muchos movimientos sociales y ha posesionado a varios dirigentes de la sociedad civil en las posiciones del gobierno.  Sin embargo, el débil poder legislativo y la falta de información y análisis a disposición del público, impide la participación pública.  Si bien un proceso de planificación participativa a nivel local canaliza la opinión pública en las decisiones presupuestarias, Bolivia carece de mecanismos de participación similares para hacer frente a grandes cuestiones de desarrollo regionales y nacionales.  La participación pública y las leyes de supervisión de el gobierno son útiles, pero sigue habiendo deficiencias para garantizar plenamente la transparencia y la rendición de cuentas.
La segunda parte revisa las discusiones sobre dónde y cómo invertir los beneficios de la industria hidrocarburífera y critica la lógica y el complicado cálculo para la distribución de el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), se identifica como un problema que origina desigualdad y reclamos la diferencia de criterios entre producción y población para hacer estos cálculos, se intenta explicar esta complicada distribución y se incluyen dos apéndices estadísticos para ilustrar lo explicado.
En la tercera parte se revisan los niveles en los que se administran los ingresos por hidrocarburos, subyace la crítica a la distribución desigual entre departamentos (productores, más necesitados, más poblados) y critica que no hay una política clara (de parte de las autoridades), para que esos recursos impacten efectivamente en el desarrollo de la población.
La cuarta parte insiste en esta crítica pero desde el punto de vista de el control social, se menciona a el sistema de OTB's y Comités de Vigilancia, a nivel municipal.  En cuanto a transparencia en el manejo de estos fondos, la percepción es muy favorable, lo mismo para la participación de la sociedad civil.
En cuanto a sostenibilidad, se critica que no hay una acciones para mejorar la producción hidrocarburífera en el futuro ni el escenario para promoverlas.  Por último, se detallan algunas debilidades de la política energética boliviana, como la producción de diesel (marginal), la creciente demanda interna y el impacto en la economía de la política social.

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